Foro Regional 2013: Justicia comunitaria, el Estado y sus responsabilidades

Por Jean Pierre Lavaud y Jean Paul Benavides

La Constitución del país del 7 de febrero 2009, aprobada por referéndum, estableció una distinción entre la justicia ordinaria y la justicia comunitaria indígena-originaria-campesina. ¿Cómo es vista esta nueva arquitectura jurídica en Cochabamba, tres años después de su implementación, mientras que en todas partes surgen quejas sobre la ineficiencia de la justicia, cualesquiera que sean los tipos de tribunales que las administran?

Una reciente encuesta aplicada a una muestra representativa de la población urbana de Cochabamba por el Foro Regional, trata de captar el estado de la opinión metropolitana con la siguiente pregunta: La Constitución Política del Estado establece una distinción entre justicia ordinaria y justicia indígena ¿está usted  de acuerdo  con esta  distinción  o no?

Los resultados muestran que una gran mayoría de la población de la ciudad es hostil a la ruptura entre las dos justicias: el 66,4 por ciento, mientras que el 25,3 por ciento está a favor, y el 8,3 por ciento no tomó una posición. No hubo diferencias significativas de opinión sobre este tema entre las personas más jóvenes y de mayor edad. Las mujeres son ligeramente más opuestas que los hombres. Sin embargo, las diferencias se hacen evidentes según el origen social, medido por el nivel de educación: a mayor nivel de educación, mayor es el rechazo  a la separación entre los dos tipos de justicia.

Uno puede preguntarse en qué estaban pensando los cochabambinos cuando votaron a favor de la nueva Constitución y, por lo tanto, al establecimiento de un sistema legal dual. Pero esta es una falsa buena pregunta. Por un lado, ¿quién en realidad conocía ese armatoste de 440 artículos, con excepción de algunos intelectuales? Si bien la formalización de la justicia indígena fue sin duda una de las noticias más difundidas, pero ¿cuántos en la ciudad, se sentían interpelados afectados por esta medida? De hecho, la votación ha sido vivida como un plebiscito a favor o en contra de Evo Morales. Y, por último, si el departamento de Cochabamba en su conjunto ha respaldado en gran medida la Constitución (casi el 65 por ciento de los votos) la ciudad en su mayoría votó en contra, un 53 por ciento. Por lo tanto, hay una continuidad entre el rechazo cochabambino al texto constitucional y su oposición a la existencia de una justicia indígena independiente.

Sin embargo, para una mejor interpretación de los resultados de la encuesta metropolitana es conveniente retomar los resultados de encuestas anteriores que han hecho preguntas similares o relacionadas. Este es el caso de la encuesta del Latin American Public Opinion Project (Lapop 2012).  A nivel nacional, el 45,4 por ciento tiene confianza en la justicia comunitaria (1) –el informe escrito no da los resultados por departamentos– mientras que el 38,9 por ciento aprueba la justicia por mano propia (2). La aprobación de la justicia comunitaria es mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas (50,3 contra 41,6 por ciento) y depende del entorno social: varía de 36, 9 por ciento para aquellos con educación superior a 67,1 por ciento para aquellos que no han realizado ningún estudio; y de 36,2 por ciento para los más ricos a 49,6 por ciento para el quintil más pobre. Por tanto, no es sorprendente que el rechazo sea más fuerte en la ciudad.

Esta encuesta nacional también muestra que la aceptación de la práctica de la justicia por mano propia ha experimentado un aumento dramático entre 2010 y 2012; casi se duplicó en dos años. Esta aprobación es mayor en las zonas rurales, y varía inversamente con el nivel social: los más pobres, menos educados y los que se auto clasifican como indígenas son más propensos a aceptarla. En otras palabras, se acepta y promueve en los mismos sectores sociales en que la justicia comunitaria se aplica.

La encuesta Lapop 2012 también muestra una fuerte correlación entre el apoyo al Estado de derecho, el apoyo a la democracia y el rechazo de la justicia por mano propia. Por consiguiente, todos estos resultados sitúan al Gobierno ante sus responsabilidades. O deja pasar o actúa en dirección de la consolidación del Estado de derecho. Por ahora, lo cierto es que los linchamientos, sobre los cuales la prensa informa periódicamente y que afectan tanto a las zonas rurales y urbanas del departamento, no suscitan verdaderas investigaciones de parte de la justicia indígena-originaria-campesina, o provenientes de la justicia ordinaria, ni a juicios con raras excepciones, como en el caso del linchamiento del Alcalde de Ayo Ayo en 2004. En otras palabras, el Gobierno, por su pasividad, parece conformarse y  aceptar un modelo local, expedito, brutal, cruel para el tratamiento de la delincuencia.

[1] La pregunta es la siguiente: ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en la justicia comunitaria?  Se pide  a los consultados situarse en una escala de 1 (desconfianza) a  7 (confianza)

[2] ¿Hasta qué punto aprueba o desaprueba usted que se haga justicia por mano propia cuando el Estado no castiga a los criminales? Se pide a los consultados situarse en una escala de 1 (desconfianza) a  7 (confianza)

Los autores son investigadores del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres)

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