Ciudadanos del eje respaldan penas más duras

04-cuerpo-c-2Los Tiempos

El 10 y 11 del pasado mes de junio se realizó en Sucre la Cumbre Judicial, en la que se aprobaron más de 100 conclusiones destinadas a reformar la justicia. Entre ellas se destacó la propuesta aprobada por la Mesa del Eje de Política Criminal y Justicia Penal para incorporar en nuestro régimen legal la cadena perpetua para los delitos de violación a niños seguida de muerte y la sumatoria de penas para casos de reincidencia. La propuesta, que no fue resultado de las sesiones previas, sino de una iniciativa del vicepresidente Álvaro García Linera, fue una de las que más controversias ocasionó.

Entre los argumentos de quienes se oponen a la proposición se cuestiona sobre si es verdaderamente posible la aplicación de este tipo de sanción, y las observaciones van desde los convenios internacionales a los que el país está suscrito hasta el hacinamiento en las cárceles. Sin embargo, y más allá de esas consideraciones, el grueso de la ciudadanía en los municipios de áreas metropolitanas tiene formada una opinión al respecto.

Con el propósito de conocer qué opinan los bolivianos de los departamentos del eje del país sobre las conclusiones del evento, y especialmente sobre sus aspectos más polémicos, se hizo a las personas encuestadas una serie de preguntas.

“¿Considera usted que Bolivia debería incluir entre las sanciones a delincuentes la cadena perpetua, tal como planteó la Cumbre de Justicia?” fue la primera de ellas. Un 81,6 por ciento de las personas encuestadas respondió afirmativamente. Sólo llegaron a 18,4 por ciento quienes consideran que no sería conveniente la aplicación de esa medida.

La segunda pregunta sobre este tema estuvo referida a la propuesta de incorporar una medida aún más severa: “¿Considera usted que Bolivia debería incluir entre las sanciones a delincuentes la pena de muerte?”. Los resultados  de la encuesta indican que el 57,2 por ciento de las personas estaría de acuerdo con esa medida, y llega al 42,8 el porcentaje de quienes se oponen.

Como se puede observar a la luz de los resultados del estudio de percepción, más de la mitad de la población boliviana tiene sólidamente arraigada la idea de que la aplicación de penas más severas es una fórmula idónea para combatir los delitos.

DUDAS SOBRE LA UTILIDAD DE LA CUMBRE

“En su opinión, ¿cuánto contribuyó la Cumbre de Justicia para lograr una propuesta que mejore la calidad de la justicia boliviana?” Esa fue la pregunta que se hizo a las personas encuestadas y para facilitar su evaluación se les dio a elegir entre cinco posibles respuestas que van de “Nada”, en un extremo, a “Mucho”, en el otro.

El 30,6 por ciento de las personas encuestadas optó por una posición intermedia. Esas personas reconocieron que no tienen suficientes elementos de juicio para formarse una opinión clara sobre si la realización de la Cumbre de Justicia sirvió o no para que ésta mejore.

Más numeroso es el grupo de quienes tienen una opinión positiva. El 23,2 por ciento de los encuestados consideró que la Cumbre de Justicia sirvió “de algo” y 12,6 por ciento afirmaron que sirvió “mucho”, alcanzando entre ambos un 35,8 por ciento de aceptación.

En el otro extremo se ubican quienes tienen una opinión negativa sobre la utilidad de la Cumbre de Justicia. Sumadas las respuestas de quienes consideran que no sirvió de nada (18,7 por ciento) y quienes creen que sirvió poco (14,8 por ciento) se llega a 33,5 por ciento.

UNA MIRADA POSITIVE

“¿Hasta qué punto fue útil la participación de la sociedad civil en la cumbre de justicia para lograr mejoras en la justicia boliviana?” Ets otra de las preguntas hechas a las personas encuestadas.

Entre cinco opciones que van de “Nada” a “Mucho”, la mayor parte de las personas se identificó con una posición relativamente positiva, pues sumadas las respuestas de quienes consideran que la participación de la ciudadanía fue “algo” positiva (23,3 por ciento) y “muy” positiva (12,5 por ciento), se tiene que este grupo llega al 35,8 por ciento.

En el otro extremo están quienes consideran que la participación de la sociedad civil fue “nada” (17,3 por ciento o “poco” (15,6 por ciento). Entre ambos grupos suman 32,9 por ciento. Finalmente, quienes no tienen una opinión formada al respecto llegaron a 31,4 de las personas encuestadas.

ANÁLISIS

VIVIAN SCHWARZ BLUM, CIUDADANÍA

Nociones sobre justicia y la Cumbre

En junio se llevó a cabo la Cumbre Nacional de Justicia. En preparación para este evento, el Gobierno organizó cumbres departamentales invitando a las organizaciones sociales y a la sociedad civil a participar para discutir las preocupaciones principales sobre el sistema de justicia y para recoger propuestas para la reforma del sistema judicial.

Durante esta versión del Foro Regional, se preguntó a los ciudadanos su opinión sobre cómo se llevó adelante este proceso y los resultados sugieren que el público en general tiene opiniones diversas: un tercio de la población de las áreas metropolitanas consideran que la Cumbre Judicial no ha contribuido a generar una propuesta que mejorará la calidad de la justicia boliviana, mientras que otro tercio considera que este evento sí ha contribuido a este propósito.

De igual manera, un tercio de la población metropolitana en el país considera que la participación de la sociedad civil en este proceso no ha sido de utilidad en el propósito de mejorar la justicia boliviana, una cuarta parte de la población no tiene una opinión favorable ni desfavorable y otro tercio considera que la participación de la sociedad civil ha sido útil para lograr mejoras en la justicia boliviana.

Sin embargo, las dos propuestas que salieron de la Cumbre Judicial y que no formaban parte clara de la agenda inicial, el incremento de las penas a través de la incorporación de cadena perpetua y la pena de muerte, cuentan con un apoyo firme y masivo: 57 por ciento apoya la incorporación de la pena de muerte entre las sanciones que el sistema judicial puede imponer a los delincuentes y 81 por ciento de la población metropolitana está de acuerdo con la incorporación de la pena de cadena perpetua en el código penal boliviano, como si nuestras cárceles no estuvieran ya superpobladas, como si las condiciones de vida en esos recintos alcanzaran niveles humanos mínimos y como si tuviéramos la confianza de confiarle las vidas de otros ciudadanos a un sistema judicial que queríamos reformar –en primer lugar– por su falta de eficacia y por la evidente corrupción que azota a estas instituciones.

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