4 de cada 10 tendrían un arma para su protección.

LA GENTE NO CONFÍA EN LA JUSTICIA ORDINARIA Y NO DESAPRUEBA FIRMEMENTE LA JUSTICIA POR MANO PROPIA

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José Antonio Lara Navarro – Los Tiempos

¿Tendría usted un arma de fuego para su protección? Sí, dicen cuatro de cada 10 cochabambinos, revela una encuesta realizada por Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, en acuerdo con Los Tiempos y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres).

Las tres entidades han conformado un Foro Regional para analizar las problemáticas locales y la investigación, representativa de cada una de las cinco regiones del departamento, es la primera actividad para conocer qué es lo que Cochabamba opina sobre temas claves como inseguridad, discriminación y violencia.
Los resultados indican que un 45 por ciento de los consultados dijo que tendría un arma de fuego para defenderse. En el caso de los hombres el porcentaje es mucho más alto, 57 por ciento afirmó que portaría un arma.
La tendencia coincide con la percepción que tiene la gente sobre la justicia por mano propia, la cual no es desaprobada firmemente, y la eficacia de la justicia, en la cual la confianza es baja.
Tanto hombres como mujeres perciben en promedio que los tribunales de justicia de Bolivia no garantizan la justicia y les dan un puntaje de poco más de 3 sobre 7.
La confianza en la justicia comunitaria, aunque sólo un poco, es mayor. Sin embargo, por zonas geográficas, esta confianza se eleva a promedios de más de 4, en la escala de 1 al 7, en el cono sur, el trópico y la zona andina.
En el caso de aprobar o desaprobar que las personas hagan justicia por su propia cuenta cuando el Estado no castiga a los criminales, es en la zona andina y el trópico de Cochabamba donde hay más apoyo a esta forma de hacer justicia. En el cono sur, el valle alto y la zona metropolitana, la aprobación es menor, pero con diferencias mínimas.
En cuanto a edades, los jóvenes entre 19 y 25 años y los adultos entre 46 y 55 años son los proclives a la justicia por mano propia. Quienes menos la aceptan, son las personas que tienen 55 años o más.
ARMAS
Sólo los cochabambinos que viven en el cono sur rechazan la idea, en mayor porcentaje (un 68 por ciento), de tener un arma de fuego para su protección.
En el resto de las áreas geográficas de Cochabamba, entre el 40 y el 53 por ciento sí la tendría para defenderse. El porcentaje mayor está en la zona metropolitana, con 53,37 por ciento de personas que no teme guardar un arma; les siguen los ciudadanos del valle alto con 51 por ciento, del trópico con un 51 por ciento y de la zona andina con 40 por ciento.
Tampoco hace gran diferencia la edad. Desde jóvenes de 19 a 25 años, hasta adultos de 46 a 55 años, portarían armas. Sólo las personas de 55 años o más las rechaza en mayor porcentaje, casi un 61 por ciento.
SEGURIDAD Y EL GOBIERNO
¿Y qué hay respecto a la percepción ciudadana sobre las acciones que toma el Gobierno contra la inseguridad?
En promedio, la gente muestra una aprobación a medias de las políticas del Ejecutivo y le da un puntaje de 3,8 sobre 7.
Son los varones los que creen que el Gobierno trabaja bien en el tema de seguridad, al contrario de las mujeres, cuya aprobación es algo menor.
Por áreas geográficas, la tendencia es similar, con una nota casi regular al Gobierno. La zona andina y el cono sur se inclinan a dar una mejor calificación a las medidas contra la inseguridad que son implementadas en el país.
TRIBUNAL REPROBADO
La percepción que tiene la gente sobre el Tribunal Supremo de Justicia no es mejor.
Según los datos de la encuesta, tanto hombre como mujeres dan una calificación por debajo de 3,5 sobre 7 a ese organismo.
La reprobación es similar en las diferentes zonas del departamento con puntajes que van desde 3,2 en la zona metropolitana y el cono sur, a 3,9, el más alto, en la zona andina.
Por edades, la tendencia es similar. Tanto jóvenes como adultos mayores no ven con buenos ojos al Tribunal Supremo de Justicia.
Análisis
Seguridad humana y desarrollo
ROBERTO LASERNA, ECONOMISTA CERES
La seguridad humana es un concepto que toma en cuenta la influencia que tienen las condiciones de seguridad ciudadana y personal en el desarrollo humano. La idea fundamental es que la falta de seguridad restringe las libertades de las personas y por tanto reduce su bienestar, imponiendo también costos que limitan el crecimiento económico.
La encuesta que Ciudadanía levantó en el marco del Foro Regional nos muestra que la seguridad humana en Cochabamba es muy limitada.
Casi un tercio de la gente ha sido víctima de los delincuentes en los últimos 12 meses. Esa proporción es mayor en las áreas urbanas.
Los más frecuentes han sido robos, y casi la mitad de ellos involucró algún grado de agresión, amenaza o violencia. Sólo la cuarta parte de las víctimas de delito presentó denuncia ante las autoridades. Y aquí es donde comienzan a revelarse los datos más preocupantes.
La gente no acude a las autoridades policiales y judiciales porque, en su mayoría, cree que no servirá de nada. De hecho, la confianza en los tribunales de justicia es la más baja, logrando una calificación promedio de 3,08 (sobre 7), que es aún peor cuando se aíslan las respuestas para el área urbana (2,9). Si esto no fuera suficiente para alarmarse, los encuestados dan una mayor calificación de confianza a la “justicia comunitaria” (3,84).
Esto es sorprendente si consideramos que en los últimos años se ha impulsado una reforma del sistema judicial presentada como pionera por la conformación de los tribunales en base al voto directo.
Las consecuencias de este nivel de inseguridad son múltiples. Por ejemplo, la mitad de los entrevistados dijo que tendría un arma si pudiera, lo que a su vez sugiere que vamos hacia un nivel de desintegración social muy peligroso, porque la gente se inclina a hacer justicia por mano propia. No puede sorprender la frecuencia con que se producen linchamientos, que representan penas extremas y desproporcionadas al delito supuestamente cometido, y que en muchos casos castigan a personas inocentes que no tuvieron oportunidad de defenderse.

La encuesta permite observar otras consecuencias notables en el comportamiento de la gente, que a su vez tiene efectos sobre el resto de la sociedad.
En síntesis, se muestra una situación preocupante, de altos niveles de inseguridad y miedo, pérdida de confianza en las instituciones públicas, y un continuo sacrificio de libertades individuales.

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