Avances y Situación Actual de la descentralizacíon y participación popular

En los últimos años, Bolivia atraviesa por una seria crisis económica, social y política. Los conflictos y movilizaciones sociales del año 2000 evidenciaron la fragilidad que tiene el sistema de la institucionalidad democrática para reaccionar y aplicar medidas que aminoren el efecto de los problemas económicos que se reflejan en una disminución de la demanda efectiva. Esta falta de respuesta de la gestión gubernamental derivó en una crisis política en la cual emergieron nuevas expresiones sociales y políticas que cuestionan la trama de la constitución estatal de la nación.

Pese a la vigencia de reformas estatales tan importantes como la descentralización, es comprensible que la crisis provoque una desconfianza generalizada en el sistema democrático en actual vigencia. En efecto, las reformas estatales no han conseguido superar la persistencia de la desigualdad social, de la falta de equidad en la distribución del ingreso y la discriminación social y cultural, viéndose por consiguiente, disminuidas las posibilidades de avanzar en la perspectiva de la construcción de una economía y una sociedad que estén dirigidas a promover la integración social de los grupos menos favorecidos.

El sentido de ciudadanía no está, en este contexto de crisis, siendo valorado en una dimensión que favorezca el sentido de ampliación del espacio público como espacio no estatal de acción. La valoración de la acción ciudadana como indispensable para ampliar la influencia de la sociedad en el establecimiento de bienes de valor social no está siendo promovido por los organismos estatales ni por las organizaciones sociales. Solamente el ejercicio de una ciudadanía efectiva, con sentido de comunidad, puede ser la base de prácticas sociales y políticas que perciban lo público como el espacio de los intereses colectivos. El Estado debe dejar de ser, en la percepción de las organizaciones sociales, el depositario exclusivo de lo público.

A todo este panorama de crisis se ha sumado, en el ámbito de la descentralización, los acentos sectoriales que aplicó la actual gestión gubernamental en su relacionamiento con los gobiernos municipales. La percepción de que los gobiernos municipales deberían más bien desempeñar un papel de administradores descentralizados de las políticas sectoriales nacionales, menoscaban la autonomía municipal que es una condición básica para la participación social, la consolidación de prácticas ciudadanas democráticas y los sentidos de corresponsabilidad en la gestión del desarrollo local.

No obstante, la reforma municipal iniciada con la Participación Popular es irreversible en Bolivia y, pese a las dificultades derivadas de la crisis y la visión de la gestión gubernamental actual, se ha avanzado en los últimos años en el proceso de descentralización.

En efecto, la descentralización en Bolivia, enfocada sobre todo como proceso municipal, ha seguido un curso continuo de consolidación. Una nueva elección de autoridades municipales que asumieron sus cargos a principios del año 2000, ha renovado la gestión municipal, sin que esto vaya en contra de una relativa continuidad de las acciones y políticas municipales. Desde el punto de vista de la institucionalidad, aunque lentamente, se está avanzando, debido entre otras razones, a la vigencia de la nueva Ley de Municipalidades aprobada en noviembre de 1999 y a las inversiones en programas de fortalecimiento de la gestión municipal que recibieron apoyo decisivo de la cooperación multilateral y bilateral.

Los procesos de planeación municipal participativa, a través de los planes de desarrollo municipal (PDM) y los planes operativos anuales (POA) han contribuido también a mejorar la institucionalidad y la continuidad de la gestión pública en el ámbito local. Pese a las tendencias a personalizar la gestión municipal, producto de una cultura política centralista, los diferentes Gobiernos Municipales se plantean retos importantes para lograr una mejor asignación de los recursos en un marco que intenta relacionar al ente público con la sociedad civil.

Sin embargo, y pese a los pasos positivos ya emprendidos, todavía falta avanzar en el fortalecimiento de la gestión municipal como paso indispensable para una institucionalidad más consolidada. Contribuirá a ello, el mejoramiento de la calidad de los recursos humanos y el respeto a la estabilidad de la carrera administrativa.

Otro acontecimiento que mostró la importancia de la gestión municipal en la percepción de la sociedad civil fue el Diálogo Nacional 2000. Con el objetivo de concertar estrategias de lucha contra la pobreza y debatir el destino de los recursos del HIPC II se convocó a este Diálogo, cuyos resultados mostraron claramente que son las instituciones municipales las que tienen la preferencia de la población a la hora de resolver los problemas relacionados con la generación de mayor equidad y el mejoramiento de la satisfacción de las necesidades básicas.

La consulta a la sociedad civil iniciada con este Diálogo, de la que participó el CERES, mostró que la gente favorece el proceso de descentralización en el manejo y control de los recursos públicos, pese al descrédito que le inspira el sistema y los partidos políticos. El mecanismo de control social instaurado por la Participación Popular no obtuvo el respaldo mayoritario de la población por falta de representatividad. Los representantes sociales sugirieron más bien que debería incluirse al Comité de Vigilancia en las tareas de seguimiento y control de los recursos de alivio a la pobreza, como parte de un ente interinstitucional amplio que tenga mayor representatividad.