La tendencia general a un declive en la conflictividad que se había constatado entre febrero y julio del presente año, ha sido reemplazada con una intensificación de los mismos. En agosto se produjo un salto muy importante en la cantidad de conflictos registrados en los medios, y algo similar sucedió en septiembre, cuando la cantidad de conflictos alcanzó a 98. Esta es la cifra más alta de los últimos doce meses y con ella el gobierno de Evo Morales acumula 3703 eventos conflictivos en sus 69,2 meses, alcanzando un promedio de 53,5 conflictos al mes, que supera al de la UDP.

Por supuesto, hay diferencias entre ambos periodos. La UDP gobernó solamente tres años, en tanto que Evo Morales está cerca de los seis. Durante la UDP los conflictos eran demográficamente más grandes y tenían una cierta orientación política, marcada por la COB. Ahora tienden a ser dispersos y fragmentarios, motivados por demandas particularistas. Y si en los años 80 los conflictos ahogaron al Presidente Siles hasta inducir su renuncia, los de ahora no afectan la permanencia del Presidente pero sí condicionan su gestión, poniendo límites a sus políticas y afectando la gobernabilidad. En el ascenso en la conflictividad de los últimos meses ha tenido mucha influencia el conflicto por el TIPNIS. La marcha de los indígenas empezó el 15 de agosto y no ha concluido, convirtiéndose en un catalizador del descontento y, al mismo tiempo, en desencadenante de nuevas movilizaciones. Es un catalizador porque la marcha defiende los derechos indígenas y la defensa del medio ambiente, poniendo en duda el compromiso gubernamental que hizo de esos temas motivo de campaña. Y es un desencadenante porque muchos grupos aprovechan que esa movilización levanta la presión para presentar su propia demanda, asumiendo que el gobierno responderá rápida y favorablemente a la suya para no complicar aún más la situación general. Es la ganancia que esperan lograr en el río revuelto de la coyuntura. Los datos provienen del Observatorio de Conflictos del CERES, que tiene actualmente el apoyo de la Comunidad de Estudios y Acción Pública Ciudadanía. El Observatorio dispone y mantiene actualizada una base de datos sobre los conflictos sociales que se registran en la prensa nacional desde el año 1970. Esa base de datos permite el análisis cuantitativo de la conflictividad social en el país detectando las frecuencias y clasificando a los conflictos según los grupos sociales que los protagonizan, sus demandas, las formas de acción que desarrollan y los adversarios hacia los cuales orientan sus protestas y reivindicaciones.